En un movimiento controversial, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados han decidido ignorar las suspensiones judiciales y avanzar con el proceso legislativo para aprobar la reforma judicial. En los primeros minutos de la nueva Legislatura, iniciaron la discusión del dictamen, a pesar de las advertencias legales. La bancada oficialista pretende aprobar la reforma esta misma semana, en un claro desafío a las decisiones de los jueces federales que habían otorgado suspensiones provisionales para detener el proceso.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, expresó su rechazo a las suspensiones emitidas por dos jueces, argumentando que no tienen la competencia para frenar el proceso legislativo. “No nos podemos someter a la tiranía de la toga y el birrete”, declaró Monreal, defendiendo la autonomía del Congreso frente al Poder Judicial. La declaración ha generado reacciones mixtas, con algunos aplaudiendo su postura por la independencia legislativa y otros criticándolo por desestimar la autoridad judicial.
La controversia se profundizó cuando una jueza federal en Morelos y un juez en Chiapas emitieron suspensiones para detener el avance de la reforma judicial, alegando que su discusión violaría la Constitución. No obstante, Morena y sus aliados en la Junta de Coordinación Política decidieron continuar, desestimando las suspensiones judiciales. En respuesta, el grupo parlamentario del PRI, liderado por Rubén Moreira, abandonó el salón de plenos, alegando que la sesión violaba el mandato judicial. “No podemos ir a una sesión de debate del dictamen porque hay dos suspensiones”, señaló Moreira antes de retirarse.
A pesar de la oposición de los partidos PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, que invocaron las suspensiones y pidieron acatarlas, Morena sigue firme en su plan de aprobar la reforma judicial antes del fin del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el próximo 1 de octubre. La reforma, que incluye la polémica propuesta de elegir a ministros, magistrados y jueces por voto popular, será discutida y votada en lo general este martes 3 de septiembre y en lo particular el 4 de septiembre, antes de pasar al Senado.
El proceso legislativo ha generado tensiones no solo en el Congreso, sino también en las calles, donde estudiantes y trabajadores del Poder Judicial se han manifestado en contra de la reforma, alegando que socava la independencia judicial y podría politizar el sistema de justicia. A medida que avanza el proceso, queda claro que la reforma judicial será un tema divisivo, marcando un cierre polémico para la administración de López Obrador.
