- Coinciden los legisladores federales por BCS que la connotación es estrictamente política
San José del Cabo.- La solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur para dos diputados federales del estado, Rubén Muñoz y Sonia Murillo, tiene dos aristas de análisis, primero la jurídica y la segunda política, afirmó el legislador y ex alcalde de La Paz, tras aseverar que es totalmente improcedente y no lo pueden acusar de una facultad que ejerció apegada a derecho, esto en el tema del cambio de uso de suelo para el desarrollo Punta Norte.
En entrevista el legislador, aseveró que va a presentar la defensa jurídica y política pues es sospechoso que después de varios años de este hecho aparezca esa denuncia en plena temporada de elecciones y justo cuando encabeza todas las encuestas para el senado de la República, recalcando que en política no hay casualidades y remarcó que esto tiene una connotación estrictamente política.
“Entiendo por qué se mueven y se despiertan muchos intereses en torno de un proceso como éste, lo lamentable aquí es que no están solamente pegándole a Rubén Muñoz, están pegando al proyecto de Morena, están golpeando a una de la cartas más visibles del proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum y que curioso que no estén haciendo la valoración de esas cuestiones colaterales que se desprenden de este tipo de señalamientos que son legalmente improcedentes”.
Desde el punto de vista jurídico, dijo que como lo establece el artículo 115 Constitucional un ayuntamiento que lo conforma un Cabildo es el único facultado para ampliar el fundo legal para modificar usos de suelo y esto permite el desarrollo de un municipio, por eso consideró totalmente improcedente acusar de una facultad que fue totalmente apegada a derecho.
Subrayó que no puede asegurar si atrás de esta denuncia pudiera estar el titular del Ejecutivo Estatal y el también aspirante de Morena al Senado, quien apoyó y fue el coordinador en el estado de Adán Augusto cuando el proceso interno morenista para la coordinación a la presidencia de la República.
Sin embargo, recalcó que lo que es claro es que este tipo de decisiones que tienen repercusión nacional, evidentemente que son informadas las autoridades superiores en el estado.
“Evidentemente que un fiscal como éste depende de un procurador que depende a su vez de un superior, trae una clara lectura política porque además este tipo de señalamientos no proceden de acuerdo a derecho”.
Recalcó que no lo van a detener en sus legítimas aspiraciones y que en ningún momento violentó el Plan de Desarrollo Urbano y se pensó en este proyecto para beneficio de la población.
Por su parte, la diputada federal Sonia Murillo, dijo que no ha sido notificada, pero se enteró por los medios de comunicación, calificando la acusación como infundada siendo claro un ataque hacia su persona, por lo que se dijo tranquila, con 24 años de trabajar en el servicio público por el bien de BCS.
Se le preguntó que si cuando fungió como Contralora estatal avaló alguna situación de compra de boletos de avión para favorecer a familiares del ex Secretario de Finanzas del Gobierno de Carlos Mendoza Davis, ante lo cual dijo que no fue así.
“Definitivamente no hay nada, yo creo que nuestra administración vino a perjudicar a la empresa (agencia de viajes), la empresa tenía 20 años siendo proveedora de gobierno del estado, no es una empresa que nació con nuestra administración, nada que ver y no te puedo dar más detalles pero estoy tranquila en este sentido la empresa ya estaba trabajando con gobierno no es que se haya privilegiado algo”, concluyó.
